Tuesday, January 3, 2017

Cientos de desplazados por el narco en el norte de Guerrero

Bandas criminales pelean por el trasiego de amapola y mariguana
Al menos 200 asesinatos y 130 desapariciones en dos años
El gobierno estatal palía la crisis con dádivas y reubicaciones
Foto
Debido a la ola de violencia en el municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, decenas de maestros y al menos 100 de 300 familias huyeron de la comunidad de Liberaltepec. En la imagen, escuela primaria ubicada en ese poblado, adonde sólo acuden 30 alumnos, y menores de edad que apenas han estudiado la secundaria suplen a los profesoresFoto Arturo de Dios Palma
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de enero de 2017, p. 23
Apaxtla de Castrejón, Gro.
Dos menores que terminaron la secundaria imparten clases a los 30 niños que quedan en la comunidad de Liberaltepec, en este municipio del norte de Guerrero, donde desde hace más de un año no hay maestros.
Los profesores, al igual que 100 de las 300 familias del poblado, huyeron de los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y del combate de las autoridades a éstos.
Desde 2013, La familia michoacana Guerreros unidos, entre otras organizaciones delincuenciales, disputan esta zona –clave para el trasiego de amapola y mariguana– que abarca los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, en la Sierra Madre del Sur.
Son dos niñas las que atienden a los 30 pequeños, porque a los demás sus papás se los llevaron a la cabecera municipal, a Teloloapan o adonde pudieran estudiar, cuenta un anciano de Liberaltepec, donde hasta hace unos años se hablaba náhuatl.
Un adolescente comenta: Yo voy a la secundaria. Antes éramos más de 25; hoy sólo vamos como siete, porque ya no quieren venir los maestros. El que nos da clases viene desde Teloloapan. Ya tiene rato que las personas armadas (los delincuentes) no han llegado al pueblo.
Una de las pocas mujeres que viven en Liberaltepec comenta: De prescolar, ni hablar. Tiene mucho que no vienen maestras porque tienen miedo.
Otra lugareña relata que desde hace tres años la gente se ha ido y muy pocos han vuelto, sobre todo porque no hay maestros. Desde hace más de un año no hay clases.
Una anciana dice que tuvo 10 hijos, pero sólo uno vive conmigo; unos andan en (la Ciudad de México); ninguno se fue a Estados Unidos.
Pugna entre Ardillos y Rojos
Tres cruces ubicadas detrás de la iglesia del Señor de Chalma, una del comandante Marino, con fecha del 25 de abril de 2015, y dos a su lado, sin nombre ni fecha, son recordatorio de los enfrentamientos entre habitantes de Liberaltepec –en ese entonces apoyados por elementos de la Marina– y miembros de La familia michoacana, a quienes en la región se conoce como los pintos, por sus uniformes de camuflaje.
Un habitante de San Francisco Tlanipatlán, municipio de Teloloapan (vecino de Liberaltepec), recuerda: “Supimos que en una ocasión los marinos acabaron con 30 de los pintos, allá por el río seco”. Señala hacia una zona montañosa.
La mayoría de los habitantes de Liberaltepec son adultos. “Ya casi no hay jóvenes. La mayoría huyeron por temor a que se los llevaran los pintos. Ya ni el sacerdote viene a oficiar misas. Sólo viene cuando se lo pide alguien para un bautizo o una boda”.
La misma situación se vive en Xochitepec, San Felipe el Ocote, San Pedro, Totoltepec, Buenavista y San Francisco Tlanipatlán, en los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, de donde también han huido cientos de personas.
En San Francisco Tlanipatlán, Marino Cuevas, de 82 años, narró que de unas 300 familias apenas quedamos como 14. Vea usted el pueblo: está solo, abandonado.
A la escuela acuden sólo 14 niños, pero con esos poquitos vamos a seguir haciendo nuestra república. Antes aquí hablábamos el mexicano (náhuatl). Ya no, quieren hablar puro inglés.
Relata que durante muchos años vivió de la venta de pabellones (raspados de hielo) y pan en Liberaltepec, a unos seis kilómetros. Ahora rento mis tierras. Yo ya no como como antes, con unas dos tortillas tengo.
El vocero de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro, señala que sólo en la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en la Montaña baja de Guerrero, en los dos años recientes al menos unas 282 personas huyeron de la violencia y las amenazas del crimen organizado.
Zitlala se ha convertido en punto clave de la disputa por la región que también abarca los municipios de Quechultenango, Ahuacutzingo, Chilapa, José Joaquín de Herrera, y Tixtla, entre las organizaciones criminales Los Rojos Los Ardillos.
Hasta ahora esta pugna ha dejado un saldo de alrededor de 200 asesinados y unos 130 desaparecidos en dos años.
Las desapariciones más recientes en Tlaltempanapa ocurrieron en la carretera a Zitlala, donde seis integrantes de la familia García Feliciano fueron vistos por última vez el pasado 18 de octubre cuando regresaban del municipio de Copalillo.
Hace unos días, en su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, adujo que por protocolo no podía dar nombres, pero aseguró que se había atendido a 160 familias desplazadas de San Miguel Totolapan, Acapulco, Atoyac, Coyuca de Catalán y Zitlala, pero no se refirió a los de Apaxtla de Castrejón y Telolopan.
Indicó que se dio apoyo económico por 13.2 millones de pesos a 113 personas; se reubicó a nueve familias, 15 retornaron a sus comunidades y se les dieron 120 mil pesos de ayuda humanitaria.
El funcionario detalló que se busca un predio para que se establezcan 15 familias y ocho reciben ayuda de emergencia.
Hace unos días, Salazar Adame y el fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, analizaron un informe de la Secretaría de Gobierno, según el cual desde enero de 2013 se han documentado 409 desapariciones en Acapulco, Iguala y Chilapa.
De acuerdo con datos oficiales, entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 se cometieron 2 mil 428 homicidios dolosos en la entidad, sin contar por lo menos 70 asesinatos perpetrados en diciembre, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Zitlala.
La fiscalía guerrerense cuenta con cinco agencias de Ministerio Público en el estado para atender denuncias.

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