Tuesday, March 28, 2017

La muerte tiene permiso

Adolfo Gilly 1
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Periodistas del estado de México se manifestaron ayer en la explanada municipal de Ecatepec para exigir justicia por el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, y demandar a las autoridades garantías para el desempeño periodísticoFoto René Ramón, corresponsal
M
iroslava Breach Valducea dejó dicho que si lle­gaba a morir no que­ría ser ve­lada. Deseaba ser depositada en una cripta con sus hijos y su familia más cercana como únicos testigos y evitar el escándalo y a los políticos con sus discursos. La periodista tenía 54 años, pero la idea de que podían asesinarla no le era lejana, recuerda Marcela Turati, su amiga y su colega ( Proceso, 26/3/07). En una plática con sus colegas habló con lágrimas de su miedo a morir, pues había sido amenazada por su infatigable tarea de documentar crímenes contra el pueblo llano y los pueblos indígenas y sus defensores, activistas, periodistas, abogados, pueblo en fin también ellos como nosotros. Pero no cejó.
“El 27 de mayo de 1997 La Jornada publicó la nota ‘Foto censurada en la prensa de Chihuahua’, en la que se informó que la periodista Miroslava Breach había sido despedida de su medio por haber documentado el violento desalojo de indígenas rarámuri y tepehuanes del ejido Monterde perpetrado por policías del ex gobernador panista del estado, Francisco Barrio”, recuerda Marcela Turati. Con su muerte, Miroslava se convierte en la periodista número 22 que es asesinada en Chihuahua de 2000 a la fecha. Sí. Y en esa misma edición, el corresponsal de nuestro periódico en Ciudad Juárez, Chihuahua, Rubén Villalpando, informa que el día anterior: Cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos puntos de Chihuahua.
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Este 27 de marzo de 2017, el texto editorial de La Jornada se tituló Violencia e impunidad. Dice así: Ayer se cumplieron 30 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, sin que a la fecha el gobierno haya sido capaz de esclarecer en forma coherente y verosímil este indignante suceso: al contrario, el manejo oficial de las pesquisas ha enturbiado el caso hasta un punto difícil de concebir.
Agrega el editorial: “Durante la semana pasada, en Jojutla, Morelos, fueron recuperados casi medio centenar de cadáveres de una fosa clandestina que se suma a las halladas en Tetelcingo y en Xochitepec. Además de los cuerpos las exhumaciones han dejado al descubierto un desaseo de las autoridades locales en los procedimientos forenses y legales que equivale a un encubrimiento masivo de centenares de homicidios [subrayado mío, A.G.]. Casos similares existen en Veracruz y en Guerrero”.
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En esa misma edición de La Jornada el abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, que se juega la vida cada día pero, como Miroslava Breach, nunca lo presume, declaró:
“Hay un viraje en la posición del gobierno federal que ha pasado de administrar nuestro caso a un cierre total de las investigaciones, pensando que eso traerá menos costos políticos en sus pretensiones de llegar a la Presidencia. […] Esta posición se hizo evidente en la pasada reunión de las partes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, regresó a la llamada ‘verdad histórica’ e incluso lanzó la pregunta de ‘si los padres estarían dispuestos a aceptar que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula como línea de investigación.”
En el informe de la CIDH, que su presidente Carlos Beristain resumió y explicó en un libro magistral, El tiempo de Ayotzinapa,2 donde están los resultados irrefutables de la investigación de la CIDH. El extenso y cuidadoso informe confirma que la hipótesis que el gobierno resucita como su única respuesta, el basurero de Cocula, es una mentira consciente y el gobierno bien lo sabe. Ahora el gobierno federal pregunta a los padres si están dispuestos a aceptar esa mentira como línea de investigación.
Es un nuevo insulto a los desaparecidos y a sus padres y madres. Desde hace ya tiempo el gobierno federal tiene que saber perfectamente qué sucedió esa noche en Igua­la, Guerrero, o no tenemos gobierno en este país; y quiénes fueron y dónde están los 43 estudiantes y los responsables de su desaparición.
Esa sería la primera hipótesis de investigación, cuya verdad se desprende de una atenta lectura del informe de la CIDH, que ahora el gobierno federal quiere mandar a otro basurero cuyo nombre es Horror.
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En la misma edición de La Jornada, p. 32, nuestra corresponsal Rubicela Morelos Cruz informó desde Jojutla, Morelos:
Al menos 45 cuerpos fueron desenterrados tras cinco días de exhumaciones de las fosas del panteón Pedro Amaro en este municipio. Trajo la voz de los familiares a través de sus voceras, María y Amelia Hernández, madre y tía de Oliver Navarrete Hernández, secuestrado, asesinado y hallado en las fosas de Tetelcingo. La madre, María Hernández, dijo a la periodista: El horror no lo puedo describir. Pero mi hermana y yo coincidimos en que en Jojutla hay un trato más indigno para los se­res humanos que en Tetelcin­go, se­gún ellos porque los familiares no reclaman. ¿Qué tipo de ser­vidores públicos y autoridades municipales y estatales entierran cuerpos, según ellos porque sus familiares no reclaman, encima de una fosa clandestina? Quienes cavaron ahí [trabajadores de la Fiscalía General del Estado que enterraron al menos 45 cuerpos en julio de 2014] debieron saber que abajo había más cadáveres que no reportaron; además, sin ningún rasgo de humanidad, los cubrieron con toneladas de ­tierra.
En efecto: ¿qué tipo de autoridades tenemos? La corresponsal de La Jornada da la respuesta: “Y mientras se desentierran cadáveres de fosas clandestinas, el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, informó en su cuenta de Twitter que él está en China ‘fortaleciendo el intercambio comercial con México’, como representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores”. Lo acompañan un cortejo de gobernadores: Marco Antonio Mena, de Tlaxcala; Francisco García Cabeza, de Tamaulipas; Francisco Vega, de Baja California, y Alejandro Murat, de Oaxaca. Podrán intercambiar comentarios sobre el lejano México, sus desventuras y sus propios gobiernos en el bar del lujoso hotel donde sin duda el gobierno de China los alojará.
Esta escueta y modesta crónica de crónicas la escribo como homenaje a nuestra compañera Miroslava Breach Velducea. El homenaje cotidiano lo siguen haciendo todas las compañeras y los compañeros periodistas que en medio del Horror, se juegan cada día la vida, y no sólo la propia, para mantener al pueblo de México informado de que en el Tiempo mexicano de nuestros días, La muerte tiene permiso.
La prensa nacional –con alguna triste excepción– ha informado sobre el asesinato de Miroslava. Ojalá en La Jornada podamos publicar, en suplemento ilustrado, una selección de sus crónicas y artículos, un manojo de sus obras y un retrato de su vida.
1 Carlos Fuentes Tiempo mexica­no (1971); Edmundo Valadés, La muerte tiene permiso (1955)
2 Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, España y México, Ediciones Akal, 2017, 271 pp.

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